He leído en los días pasados un artículo, publicado en uno de los diarios locales, del Señor José Cavero bajo el titulo “Una sociedad y un estado más laicos”. Hace casi dos meses, con ocasión de mi ordenación episcopal dije que de mi saludo no se sintiera nadie excluido y además, que quería ser un dialogo con todos. No tengo la suerte de conocer al Señor Cavero, por lo que, fiel a mi programa, me veo obligado mantener el diálogo por este medio periodístico.

Parte el Sr. Cavero en su reflexión del artículo 16 de la Constitución española, aquel bendito instrumento jurídico que ha servido y sirve para regular la convivencia pacífica de los españoles. A primera vista, uno piensa que todos los artículos del texto fundamental contribuyen a ese objetivo y, por eso, son necesarios y a todos nos obligan a su cumplimiento.

En el caso concreto del articulo 16, que suprime la tradición antigua del Estado confesional y nos coloca más en la línea del Concilio Vaticano II, los resultados en estos años han sido buenos, incluso teniendo en cuenta que la Constitución ha estado vigente en periodos en los cuales hemos sido gobernados por partidos de distinto cariz político.

Ese artículo consagra la obligación para los poderes públicos de mantener la colaboración con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas de notorio arraigo en nuestro País. Una interpretación laicista del texto sería incorrecta, pues no fue ese el espíritu de los padres de la Constitución ni tampoco lo que votó el pueblo español en el referéndum. La colaboración exige lealtad, eficacia, respeto. Por otro lado, el Estado no es superior a la sociedad, sino que está al servicio de la misma.

En el caso concreto de la Iglesia católica, la colaboración le sale muy ventajosa al Estado. Baste pensar en la cantidad de servicios que la Iglesia presta a la sociedad a un costo económico bastante menor del que resultaría si fueran otros entes a gestionarlos, como educación, sanidad, atención a los ancianos, a los enfermos terminales o del SIDA, la formación humana que se imparte a tantos jóvenes en las asociaciones juveniles, el patrimonio cultural, las bibliotecas, archivos y museos, etc. La enumeración sería muy prolija. Y eso, si nos mantenemos solo en el nivel económico, sin entrar en el de la calidad. No se ve, pues, el motivo para variar un sistema que da resultados satisfactorios para ambas partes y, por ende, para toda la sociedad.

Es legítima una sana laicidad del Estado, en virtud de la cual las realidades temporales se rigen por sus propias normas, pero éstas no deben excluir las referencias éticas que tienen su razón de ser en el concepto del hombre y su inviolable dignidad. La religión ciertamente ayuda a identificar esos conceptos. La autonomía de la esfera temporal, consagrada en nuestra Constitución, no excluye una armonía con las exigencias que derivan de una visión integral del hombre y de su destino común como recordaba Benedicto XVI el pasado 24 de junio. Por ello, es más que conveniente un espíritu de cordial colaboración y entendimiento al servicio del crecimiento espiritual y moral de los ciudadanos.

La religión católica ha impregnado la cultura de los pueblos de España, lo cual se aprecia en las espléndidas obras maestras en todos los campos del pensamiento y del arte. No lo olvidemos: el anuncio del Evangelio no solo hace crecer la vida cristiana, sino también es fuente de progreso, de concordia y de paz. La acogida de los valores evangélicos hace a la sociedad civil más responsable, más atenta a las exigencias del bien común y más solidaria con las personas pobres, abandonadas y marginadas. Por eso, bienvenidos sean los vehículos de colaboración entre la Iglesia y las autoridades; si no existieran, habría que inventarlos, es más bien la hora de construir puentes en lugar de levantar muros.