Soy un defensor convencido del diálogo. ¡Cuántas cosas se resuelven con el recurso al dialogo! ¡Cuántos errores se evitan! duele que en los tiempos actuales recurra poco a este componente de la vida humana. La persona humana es un ser hecho para la comunicación, para la comunión de vida, para el contacto con los demás; por ello, el diálogo debería formar parte de las actividades corrientes de la existencia.

Ciertamente el diálogo no es un instrumento de fácil uso. Requiere conocimiento de la materia, ideas claras, lealtad con el interlocutor, ganas de solucionar problemas, espíritu de tolerancia y, por encima de todo, un amor apasionado por la verdad.  Y creo no exagerar cuando pienso y digo que el diálogo está cada vez más ausente de nuestra sociedad. Basta analizar, aunque sea someramente, acontecimientos recientes de nuestra vida pública.

El sábado 18 de junio una masiva y pacífica manifestación en Madrid pedía respetuosamente a las autoridades civiles  mayor reflexión y seriedad a la hora de modificar la legislación referente al matrimonio y la familia. Son pocas las manifestaciones que ha habido en España más ordenadas, respetuosas y multitudinarias. La respuesta del Parlamento no se hizo esperar: una ley precipitada, no consensuada, no representativa de una amplía mayoría social y que convence a pocos; no se entiende la prisa en promulgarla al día siguiente en el BOE, creyendo que así, con un golpe de efecto, en la proximidad del llamado “día del orgullo gay” (si se está orgulloso de una situación, no se puede estar orgulloso de la contraria, es decir, ¡no se puede tener orgullo de la condición heterosexual!) se resolvía la cuestión. Afortunadamente, y para consuelo de quienes en conciencia no la pueden aprobar –y somos muchos- no ha habido largas colas en los registros civiles para regular unas situaciones que ni en la naturaleza ni en el sentido común, en la historia y en la práctica, pueden ser llamadas matrimonio, a pesar de que desde algunas esferas gubernamentales se nos pretendía hacer creer en un altísimo porcentaje de quienes se iban a acoger a la nueva ley.

Ahora, cuando el curso académico ha concluido, los colegios cerrados, los profesores de vacaciones y los alumnos disfrutando del descanso o preparando la recuperación de las materias, el Gobierno nos sorprende con un proyecto de ley sobre educación que ignora el Derecho internacional con los consiguientes compromisos asumidos por España en ese ámbito, el derecho de los padres a proporcionar una educación para los hijos de acuerdo con sus creencias, pone en peligro la enseñanza de la religión en las escuelas y altera el estatus de los profesores de esa materia, por decir en pocas frases algunos de los puntos de esa ley.

Resulta curioso que a los representantes de los Obispos se les llamara a dialogar sobre la materia cuando el Gobierno ya tenía más que decidido lo que pensaba hacer.  ¿Sobre qué cosa se quería dialogar? ¿Se puede llamar a eso diálogo? ¿Mejorará eso la calidad de la enseñanza? Mucho me temo que la respuesta a estas dos últimas preguntas sea negativa.

España tiene asumidos unos compromisos internacionales, no sólo en virtud de los Acuerdos con la Santa Sede del año 1979, firmados y ratificados después de aprobada la Constitución luego plenamente constitucionales, sino en otros fueros internacionales multilaterales. ¿Es que el Gobierno, apoyándose en una mayoría parlamentaria puede de un plumazo ignorar esos compromisos? ¿Pretende España tener voz autorizada y prestigio en el concierto de las naciones cuando no se muestra dispuesta a asumir escrupulosamente los compromisos asumidos?

La reforma del sistema educativo –bienvenidas sean todas las reformas si son buenas y verdaderamente mejoran el sistema anterior- es algo que afecta a toda la sociedad, no sólo a una parte de la misma. Por eso la reforma educativa no se debería hacer sin oír a todas las partes interesadas, a todos los colectivos que trabajan en el sector educativo –y la Iglesia católica en España tiene mucho que decir, porque lleva muchos años prestando ese servicio de forma ejemplar, abnegada y generosa. Junto a la Iglesia, hay otros colectivos que tampoco han sido consultados. A muchos no nos parece que la reforma educativa que se pretender aprobar por un camino tan urgente mejorará la calidad de la enseñanza.

Otra cosa de difícil comprensión es la discriminación que se pretender hacer con la asignatura de religión. El Estado y sus instituciones han de servir a la sociedad, que es anterior al Estado, y no servirse de la sociedad. Es también incuestionable que un número considerable de padres elige para sus hijos la signatura de religión y moral católicas. ¿Por qué se la quiere excluir del currículo académico? Habría que justificarlo, si es que se puede.  ¿Será porque la asignatura de religión hace a los alumnos más injustos, más insolidarios, menos comprometidos con la sociedad? ¿Hace mal la religión a los alumnos y, por consecuencia, a la sociedad? ¿Qué mal hay en el estudio de la religión? Privar a los alumnos de la posibilidad de estudiar esa materia con el rango que merece y que le reconocen los acuerdos internacionales suscritos por España, condenándolos a la ignorancia en ese campo, es una mutilación de su formación integral. Es que la religión forma parte de las raíces de nuestro pueblo: las fiestas, las tradiciones, la toponimia, el mismo calendario, etc. por citar sólo algunos ejemplos tienen raíces cristianas: si ello no se ve no significa que no sea así; simplemente es que se es ciego para algunas cuestiones.

Así, bienvenida sea la conclusión de la Nota que la Conferencia Episcopal Española ha publicado en días pasados: “Invitamos a padres, profesores y alumnos, instituciones católicas y a la sociedad en general, a una reflexión profunda y a poner el máximo empeño en la defensa y promoción de un marco legal que permita la educación integral de los niños y  los jóvenes en un contexto de justicia y libertad. Confiamos que la discusión parlamentaria de la Ley permita salir al paso de las graves deficiencias de la misma”