Una sociedad sin libertad es una sociedad abocada al fracaso. Lo mismo que una sociedad sin valores. Ahora bien, la libertad y los valores se refieren a la condición del hombre, y por ello la libertad y los valores han de basarse en la verdad sobre el hombre, criatura dotada de una dignidad y de unos derechos.

La democracia, el mejor sistema que conocemos, si quiere servir a la causa del hombre, debe tener presente estos principios, pues una democracia que no fomente la libertad y no esta basada en valores sólidos y permanentes se vuelve contra el hombre mismo. ¡Cuantas veces le he oído decir esto a Juan Pablo II!

Resulta curioso que quienes se llenan la boca hablando de libertad y de democracia, como son algunos exponentes del mundo político, no lo pongan en práctica y utilicen todos los medios que la democracia pone a su alcance precisamente para actuar contra ella. Así obran quienes no escuchan el clamor popular y quienes se cierran al diálogo.

Un clamor popular se levanto pacífica, legítima y sobradamente en Madrid en la tarde del 18 de junio pasado. La respuesta fue la publicación apresurada en el BOE de una reforma del Código Civil precipitada, sin consenso y, desde luego, a juzgar por los resultados, nada urgente ni de amplia acogida entre la población. No deja de ser curioso que los datos que disponemos sobre esos llamados matrimonios entre personas del mismo sexo hayan sido tan numerosos como anunciaban desde esferas gubernamentales.

Otro clamor popular se va a levantar, y razonablemente pienso que será pacífica, legítima y sobradamente, en las calles de Madrid, entre las Plaza de Neptuno y la Puerta de Alcalá, el próximo día 12 de noviembre ante una legislación referente a la educación en España. Desde que se inició el proceso democrático en España hemos tenido ya cuatro leyes generales de educación y se nos avecina la quinta. Es la educación a la carta de quien en ese momento ostenta la mayoría parlamentaria, lo cual es una falta de responsabilidad, pues para los alumnos que empiezan un plan de educación y formación no saben cómo lo van a acabar. No hablemos ya de los quebraderos de cabeza para los profesores, muchos de ellos tan dignos y comprometidos antes que nada con su vocación pedagógica, y para los centros, a los que hoy se les pide una cosa y mañana otra.

Por mucho que el Gobierno quiera y se preocupe por los ciudadanos, mucho más los quieren y se preeocupan los padres por sus hijos, ambos ciudadanos. La familia es anterior al Estado, y el Estado no puede ir contra la familia, por mucha mayoría parlamentaria que tenga. Los padres tienen derechos y obligaciones originarios y naturales con respecto a sus hijos que el Estado no puede ignorar, como no sea superando en mucho lo que son sus competencias, pues eso sería un estatalismo absurdo.

La legislación en materia educativa que propugna este Gobierno, con el que la Iglesia y otros sectores interesados han querido dialogar y no lo han conseguido es seriamente preocupante. El primer interrogante que me surge es el de qué modelo de hombre se va a favorecer con esa ley. Sencillamente hace mucho qué pensar.

Luego, en aspectos concretos la ley usurpa el derecho constitucionalmente reconocido, fundamental e inalienable que asiste a los padres para elegir el modelo de educación que quieren para sus hijos: sencillamente la Ley lo quita a los padres para darlo al Estado, poniendo fuertes limitaciones para que los padres lo puedan ejercer. ¡Cuantas limitaciones para que los podres puedan acudir a una escuela conforme con sus convicciones religiosas y morales! ¡Cuántas restricciones para que puedan elegir el centro donde sean escolarizados los hijos! ¡Cuántas restricciones para que los centros públicos sean de verdad públicos, es decir, al servicio de todos y no al servicio de un modelo único e ideologizado! ¡Y qué decir del derecho constitucional de los centros privados a mantener un ideario propio cuanrto se quiere imponer una ideología única a todos los centros escolares!

Es además una legislación que desconfía de la capacidad de los padres para educar a los hijos, limitando gravemente la libertad para hacerlo.

Sólo la consideración de estos puntos es materia suficiente para promover una reflexión sería y profunda y, en consecuencia, retirando el Proyecto de ley, iniciar un diálogo con todos y a favor de todos. Sencillamente nos beneficiaríamos todos. Aunque lo piense, esto último es una utopia, porque no se caracteriza este Gobierno precisamente por su carácter dialogante con todos. Pero en fín, por nuestra parte que no quede.

Deseo por ello, en el ejercicio de mi responsabilidad como Obispo, animar a los fieles a ejercer sus derechos y a manifestarse pacífica y legítimamente, con respeto pero con contundencia para defender algo que es de los padres de familia y se lo quieren quitar, que es de los centros educativos que por años han llevado a cabo una labor meritoria y, axfixiandolos económicamenete, se les pone en peligro de supervivencia. Hay, pues, muchos motivos para ir el día 12 a la manifestación por la libertad, por la calidad de la enseñanza, por la libertad de elección de centros para todos.