La Conferencia Episcopal Española ha seguido con interés el desarrollo de los proyectos legislativos que socavan el orden familiar y proponen novedades que ciertamente cambian los rasgos fundamentales de esta institución de la cual depende en gran parte el futuro del hombre y de la humanidad. Los Obispos no podemos estar al margen de estos cambios que proponen los poderes públicos y nos corresponde, como un deber ineludible, orientar la conciencia de los fieles. Ciertamente no se trata de imponer, sino de proponer una doctrina, que teniendo presente la verdad sobre el hombre, busca ayudarle a desarrollar plenamente su personalidad.
Vivimos tiempos en los que se impone un positivismo jurídico en el que la persona humana, concebida integralmente, no es la beneficiaria última de la ley, sino que está tiene como fundamento último solamente la “verdad política”, impuesta por una mayoría numérica sin tener en cuenta los valores antropológicos permanentes. Una democracia, como una ley, si carece de los valores fundamentales no es auténtica, pues en ese caso no va a favor del hombre, sino contra el mismo.
En el campo de la legislación familiar, por los proyectos legislativos anunciados o en fase de discusión parlamentaria, se ve claramente que nos encontramos en una situación que el Siervo de Dios el Papa Juan Pablo II no dudó de calificar como “civilización enferma”. Nuestra sociedad, en ocasiones, decía el Papa “se ha alejado de la plena verdad sobre el hombre, de la verdad sobre lo que el hombre y la mujer son como personas”. Las consecuencias de esta situación están a la vista de todos: aumento de la violencia de género, menores en situación de indefensión, falta de respeto por la vida, abandono cada vez más creciente de los ancianos, fracaso en tantas uniones matrimoniales... la lista podría alargarse hasta límites insospechados, con serio peligro para la vida social.
No es por eso de extrañar que los católicos y otras personas de buena voluntad deseen hacer oír su voz en estos momentos y den su aportación, con los medios legítimos a su alcance, en beneficio de la sociedad. La posición nuestra no es fácil, pero no por ello, se puede hacer dejación de nuestro cometido.
Digo que no es fácil porque no faltan corrientes que, examinando someramente las cosas presentan a la Iglesia como intransigente, anclada en el pasado, desconocedora de la realidad, etc. Olvidan la teoría y la practica de que la Iglesia tiene muy claro que el hombre es el camino de la Iglesia, como bien enseña el Concilio Vaticano II y recordaba Juan Pablo II al inicio de su largo y fecundo pontificado. Con estas percepciones distorsionadas de la realidad parece como si la voz de la Iglesia no mereciera ser escuchada .Y nada más lejos de la verdadera realidad. Por otro lado, va entrando un lenguaje sumamente ambiguo en el uso común. Con ciertas expresiones semánticas se pretende deliberadamente ocultar aspectos desagradables o chocantes de la realidad. Así, por ejemplo, se habla de interrupción del embarazo, en ver de aborto o de eliminación deliberada de un ser humano; se habla de matrimonio para aplicar el concepto a uniones que no merecen este nombre, tal como lo recogen tanto los diccionarios como las legislaciones hasta ahora. También el concepto mismo de derechos humanos va usado de un modo selectivo, unas veces hay derechos y otras no, como es el caso de la objeción de conciencia: resulta sumamente chocante cómo hace unos años algunos entre quienes propugnaban la objeción de conciencia en el caso de las obligaciones militares quieran hoy negar esa misma objeción de conciencia a determinados ciudadanos que ejercen responsabilidades públicas, como es el caso de los alcaldes y sus intervenciones en las uniones entre personas del mismo sexo. Aparecen además, pretendidos nuevos derechos, que no son ni pueden ser tales, pes no se basan en la verdad sobre el hombre. A este respecto, es preciso recordar cómo “los derechos humanos -escribía Juan Pablo II- están íntimamente entrelazados, pues son expresión de las distintas dimensiones del sujeto único que es la persona. La defensa del carácter universal e indivisible de los derechos humanos es esencial para la construcción de la una sociedad pacífica y para el desarrollo integral de las personas, los pueblos y las naciones” (Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 1º de enero de 1999). La presentación de los temas referentes a la familia por parte de ciertos colectivos, incluso por poderes públicos, se hace como si se quisiera evitar una discriminación entre las personas y esto les trae adeptos a su causa, adeptos que las más de las veces no son conscientes de las consecuencias perniciosas de las novedades que se pretenden introducir ni de las falacias con las cuales se llevan a cabo. Ciertamente la discriminación debe ser evitada, pues las personas somos todas iguales en dignidad y derechos, pero una cosa es combatir con todos los medios legítimos la discriminación y otra, muy diferente y totalmente fuera de lugar, inventarse pretendidos derechos que no existen. En nombre de la no-discriminación se llevan a los Parlamentos proyectos de uniones de hecho, pretendidos matrimonios de personas del mismo sexo, incluso con posibilidad de adopción, etc. . Estos proyectos no hacen sino contradecir la definición más clásica de la ley: “Recta ordenación de la razón, ordenada al bien común, promulgada por aquel que tiene el cuidado de la sociedad”. No se ha visto en tantos años de historia de la humanidad tanta confusión y ataques al matrimonio y de la familia como en de nuestros días. Me cuesta pensar que la humanidad ha vivido milenios engañada y han llegado ahora los redentores, los clarificadores, los iluminados depositarios de la “verdad” sobre el matrimonio y la familia. Me cuesta aceptar que los nuevos proyectos que nos ponen delante sean de verdadero progreso, cuando más bien no contribuyen a la mejora de la sociedad, sino a su destrucción. Me es más fácil, sin embargo, ver la familia y el matrimonio como aparece tanto en el orden natural como en el plan de Dios y en el Magisterio de la Iglesia, donde estas instituciones tienen una belleza incomparable, son fuente de bienestar, son constructoras de la civilización del amor, son modos como el hombre se desarrolla plenamente, en adecuación a la verdad sobre sí mismo. Ningún poder público puede abolir ni modificar el derecho natural al matrimonio, ni modificar sus caracteres ni fines, enseñaba Juan Pablo II en la Familiaris consortio, pues esta institución tiene características propias, originarias y permanentes, que preceden incluso al Estado. Aunque no en todos los casos con la misma claridad, en todas las culturas hay un cierto sentido de la dignidad de la unión matrimonial, y esa dignidad debe ser respetada frente al cualquier tipo de violación de la misma. Siendo el matrimonio el origen del núcleo familiar, y éste la escuela de valores para el hombre y el ambiente para el desarrollo auténtico de su personalidad, la sociedad no puede ignorar la verdad sobre el hombre, sobre el matrimonio y sobre la familia si quiere progresar verdaderamente y por un camino seguro: el futuro de la sociedad pasa por la verdadera concepción del matrimonio y de la familia. La solidez del núcleo familiar es importantísima para la convivencia social, por lo cual la sociedad no puede permanecer indiferente ante las tendencias disgregadoras que minan sus fundamento. La defensa del matrimonio, la unión relevante y característica entre un hombre y una mujer es, ciertamente, una causa justa. Y me alegro profundamente de que los católicos, animados por sus Pastores legítimos, hagan oír su voz en este momento a la sociedad, pues es éste un hermoso servicio que pueden prestarle, para que una legislación injusta y contraria a la razón no produzca daños irreparables a la sociedad, de los cuales las generaciones venideras nos pedirían cuenta. |
