En plena crisis económica, que golpea a tantas personas, a tantos hogares, empresas, instituciones públicas, etc., el Gobierno de España en uno de los últimos Consejos de Ministros daba luz verde al anteproyecto para la reforma de la Ley de interrupción voluntaria del embarazo, levantando unas polémicas innecesarias. 

Vaya por delante que, con crisis o sin crisis, el aborto es siempre un mal, calificado por el Concilio Vaticano II como “crimen abominable” (GS n. 51) y que en España, como en toda Europa, es hasta la fecha, un delito que, en algunos casos, no es punible. Con explicaciones retóricas y dudosas aclaraciones se pretende nada menos que convertir lo que es un delito en un derecho. Esperemos que no cunda el ejemplo y otros delitos tipificados en el Código Penal no se conviertan en derechos también.

Encargado de esa reforma de la Ley es el Ministerio de Igualdad. Y viendo las actuaciones me pregunto ¿igualdad en qué? A unos seres vivos, que son personas, se les permite nacer y con respecto a otros se facilita, con fondos públicos incluso, su eliminación. Pero no nos quedamos ahí: hay otra selección de estos seres vivos: el anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno establece la permisión de su eliminación hasta la semana 14 (¡que son tres meses y medio!) en la mayor parte de los casos, pero si el feto presenta alguna malformación se permite su destrucción hasta la semana 22 (¡que son cinco meses y medio!): de nuevo la desigualdad, pues parece que las seres con alguna malformación tienen menos valor y se facilita su eliminación. Que les expliquen a los padres de los niños que sufren alguna malformación que valen menos y deben estar más desprotegidos que los otros.

Otro punto polémico de ese nuevo anteproyecto de Ley, que un amplísimo sector de la sociedad española recibe con desagrado, es que permite a las adolescentes entre 16 y 18 años abortar sin conocimiento ni permiso de sus padres. Este punto es, además, un ataque clarísimo a la institución familiar pues se priva de intervención de los padres en una decisión que puede ser gravísima para la chica. Claro, cuando no se concibe a la familia como una comunidad de vida y amor, donde se cultivan los valores humanos, enseñando a pensar, reflexionar y profundizar en las cuestiones importantes, la intervención de los padres carece de relevancia y, en este supuesto del aborto, se la elimina. 

Llama la atención como el Partido actualmente en el poder no incluía estos puntos en su programa electoral en las pasadas elecciones. ¿A qué se debe ese cambio? Deberían justificarlo. No faltan diputados, alcaldes y militantes de ese partido que son también cristianos practicantes y que han mostrado ya su postura contra ese anteproyecto de Ley, e incluso han empezado a hablar de matices o de libertad de voto durante su aprobación parlamentaria. No son pocos los que, como creyentes católicos o como exponentes del mundo de la ciencia y más en concreto de la medicina, consideran que este anteproyecto de ley vulnera beneficios de la madre y del feto. 

En efecto, el Código Civil español en vigor establece en su art. 29 que “el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables”, y después en los artículos 959 y siguientes se establece todo un procedimiento respecto al nasciturus y sus derechos hereditarios. Mal se tutelan esos derechos si se le elimina sin más. 

Para ensombrecer más el panorama, se aprueba también la venta en las farmacias y sin receta médica de la erróneamente llamada píldora del día después, que en realidad es una píldora abortiva que impide la fijación del óvulo ya fecundado en la placenta. Sobre este medicamento ya han hablado médicos de solera y credibilidad acerca de su carácter nocivo, teniendo presente, además, que “Se trata de un fármaco que no sirve para curar ninguna enfermedad, sino para acabar con la vida incipiente de un ser humano. Su empleo es un método abortivo en la intención y en el efecto posible. En la intención, porque con su utilización en las 24 ó 72 horas siguientes a las relaciones sexuales, se pretende que, si ha habido fecundación, el óvulo fecundado no llegue a anidar en el útero y muera, siendo expulsado del cuerpo de la madre. Lo que objetivamente se persigue es, pues, un aborto precoz, aunque tal aborto sólo se produzca efectivamente en el caso de que las relaciones sexuales hubieran sido fecundas”, como ya señaló una Nota de la Conferencia Episcopal Española del 27 de abril de 2001. 

La Iglesia ofrece su doctrina sobre la defensa de la vida, primer derecho de cualquier persona y que hay que tutelar con todos los medios legítimos a su alcance. Si se viola el derecho a la vida, y más aún en el caso de los débiles e indefensos, ¿qué sentido tiene defender cualquier otro derecho? Son muchas las actividades de la Iglesia en defensa de la vida: instituciones, casas de acogida, centros de orientación familiar, divulgación de la doctrina, formación de las conciencias, etc. Imposible nombrarlas todas. La Iglesia cree y anuncia firmemente el valor de la vida humana, de toda vida humana y no puede cambiar sin ser infiel a la misión que ha recibido de su Señor: tiene que defenderla con todos los medios a su alcance. Y un medio para ello es también el voto de los católicos. 

He leído en alguna revista que con esas medidas, en lugar de reconocer el fallo de anteriores campañas promovidas por las autoridades de turno, como la del “póntelo, pónselo” y otras parecidas, que en vez de favorecer una correcta y humanizadora educación sexual han conducido a una irresponsable promiscuidad sexual cuyas consecuencias saltan a la vista, se pretende conquistar un voto juvenil o de los neovotantes, formados muchos de ellos bajo el influjo de esas campañas. No sé cuanto de cierto pueda haber en esa afirmación, pero vale la pena tenerla en cuenta. 

Por eso, es hora de recordar cuanto en 2002 decía la Nota Doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la fe al señalar "Se asiste, en cambio, a tentativos legislativos que, sin preocuparse de las consecuencias que se derivan para la existencia y el futuro de los pueblos en la formación de la cultura y los comportamientos sociales, se proponen destruir el principio de la intangibilidad de la vida humana. Los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto” concretando más adelante: “Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano”. Esta es la doctrina de la Iglesia católica y como Obispo de la misma, tengo el deber de recordarlo a los fieles con la seguridad de que su comportamiento responsable es un precioso servicio a la defensa de la vida y al bien de la sociedad. 

Es hora de examinar, con lucidez y serenidad, la actuación de los grupos políticos que pide el voto a los ciudadanos, ver su comportamiento pasado, presente y el anunciado para el futuro y a la luz de ello, participar en una gran campaña de defensa del derecho a la vida de todos, y con la vida por delante, defender todos los demás derechos que se desprenden de nuestra condición humana natural, desde la concepción a su término natural. 

+Vicente JUAN SEGURA,

Obispo de Ibiza