Siempre pensé que la misión de los gobernantes es defender a los ciudadanos de cualquier injusta agresión. Por eso sostengo  que la defensa del derecho a la vida y que la existencia se desarrolle en condiciones óptimas, debe ocupar el primer lugar en las actividades propias de los gobernantes. Nada de eso se da en el anteproyecto de ley sobre la interrupción legal del embarazo, fórmula eufemística con la que se quiere regular el abominable crimen del aborto. Con dicha regulación lo que aparece evidente es que, ante la ineficacia en proteger la vida humana naciente y sus derechos, se opta por facilitar su eliminación. Como no se sabe, no se quiere o no se puede proteger, se opta por matar al ser humano en los primeros meses de su existencia. En lugar de reconocer un fracaso y enmendarse, se persiste en el error. Y así nos va en ese campo y en otros.        

Mientras se percibe en nuestra sociedad un creciente y esperanzador rechazo al aborto, el Gobierno en lugar de afrontar los serios problemas que afectan en este momento a nuestra sociedad y que no hace falta describir ahora pero cuyos efectos gravan sobre tantos españoles, emplea tiempo, energías y dinero en facilitar el aborto. Ante la oposición progresiva al dicho proyecto, que nunca debió formularse, la encargada del mismo busca justificaciones que no justifican nada y revelan un ataque frontal hacia centenares se miles de seres concebidos y aún no nacidos. Así el pasado jueves, la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído,  afirmó que la citada ley está pensada para defender mejor la vida del hijo no nacido y proteger la maternidad.

Si no fuera tremendamente triste, sería para pensar que se trata de una broma, porque nada menos que se deduce de esa afirmación que el Gobierno no proyecta una ley de aborto que causará la muerte impune de más de cien mil niños al año, sino todo lo contrario: una ley para proteger al que está por nacer. Debería explicársenos cómo para proteger se facilita la eliminación.

Siguiendo con ese tono de declaraciones, la Ministra Aído ha llegado a afirmar que nada ni nadie, ni siquiera un juez ni una ley, podrán impedir en el futuro que las mujeres, incluidas las niñas de 16 años, puedan abortar cuando quieran y sin permiso de nadie. Las afirmaciones de una ministra que no sabe siquiera que un feto es un ser humano, son la expresión del radicalismo, la arrogancia y la falta de ideas constructivas de quienes nos gobiernan.

El Concilio Vaticano II, dirigiéndose a todos los hombres, y no sólo a los cristianos aporta las razones de derecho natural y social para oponerse a las prácticas abortivas y defender la vida. En primer lugar el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, que viene negada a la víctima inocente del aborto. Sigue señalando el texto conciliar como “Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres la insigne misión de conservar la vida, misión que ha de llevarse a cabo de modo digno del hombre. Por tanto, la vida desde su concepción ha de ser salvaguardada con el máximo cuidado; el aborto y el infanticidio son crímenes abominables” (Gaudium et spes, 51).  A cada persona, a los grupos sociales, y con especial relieve a las autoridades públicas, les corresponde esa misión, tal y como establecen las Declaraciones universales de los derechos del hombre y del niño.

Adelante, pues, con esa misión que mira a los orígenes mismos de la vida y que está en la raíz de la civilización. Invito a todos a trabajar con esperanza y empeño constante para que nuestro país sea un lugar donde la vida naciente sea acogida con alegría y responsabilidad y no se convierta en el triste cementerio de centenares de miles de niños por nacer: es mucho mejor lo primero que lo segundo; es lo que nos esperamos de nuestras autoridades.

+Vicente JUAN SEGURA,

Obispo de Ibiza